diariodeleon.es/ A. DOMINGO | REDACCIÓN
Foto- ANDONI CANELA
Cazadores y ganaderos aseguran que los tribunales dan credibilidad a los «ecologistas radicales».
Cazadores y ganaderos han fijado una postura común con respecto al lobo, una especie que están de acuerdo en conservar por formar parte del patrimonio natural de la Comunidad autónoma, que rechaza la «intoxicación ideológica-política» que se está imponiendo en las decisiones de los tribunales y en la opinión pública por la acción de «organizaciones ecologistas radicales».
Es la conclusión a la que llegan la Federación de Caza de Castilla y León y las organizaciones agrarias Asaja, la Alianza-Upa-Coag y UCCL, en una reunión en la que analizaron las consecuencias de la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León por la que se suspendió cautelarmente el plan de aprovechamiento cinegético de la especia al norte del río Duero.
Para los representantes de los cazadores y de los ganaderos, la resolución judicial traerá «consecuencias gravísimas» para el medio ambiente y las actividades ganadera y cinegética, con los consiguientes perjuicios económicos y sociales para la Comunidad autónoma, señalaron en un comunicado conjunto.
Ambos colectivos anuncian un incremento de los ataques a la cabaña ganadera del «38% al norte del Duero, donde tradicionalmente se ha podido cazar el lobo, y del 72% al sur», territorio en el que el cánido no es considerado especie cinegética. «La Junta ya ha argumentado y explicado a la opinión pública como intenta paliar estos daños al sur del Duero, con medidas ya adoptadas en otros países de la Unión Europea», señala la nota de prensa conjunta que remitieron ayer a los medios.
La expansión de la especie
La federación de caza y las organizaciones profesionales del campo señalan su acuerdo en la protección del lobo, como parte del patrimonio natural, y defienden una «caza reglada», que garantice las densidades de población del carnívoro, «que los técnicos consideren óptimas». Según el escrito, es el proceder que se ha seguido hasta el momento, que ha tenido como resultado una expansión de las poblaciones, según se desprende del «estudio realizado por técnicos independientes por encargo de la Junta de Castilla y León», en el que se fundamenta el Plan Anual de Caza de la Administración autonómica.
Tanto el sector agroganadero como los cazadores advierten de que la población rural percibe «que las decisiones que afectan a sus aprovechamientos tradicionales, su medio de vida y su entorno se toman desde posiciones políticas e ideológicas urbanitas influyentes, que desconocen totalmente la realidad del medio rural» y recuerdan que la conservación del medio ha sido posible «durante siglos» gracias a los habitantes de los pueblos, hoy, en minoría frente a la población urbana.
Posturas que llevan a los tribunales a impedir «la aplicación de normas basadas en estudios científicos independientes encargados por la Administración por esta influencia ideológico-política anticaza, que está intoxicando la opinión pública, dando más credibilidad a los argumentos de parte que esgrimen las organizaciones ecologistas radicales, que recurren sistemáticamente cualquier normativa autonómica sobre agricultura, medio ambiente o caza», apuntan.
A las Cortes
Ganaderos, cazadores y otros colectivos del medio rural han solicitado a la presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, «que articule el procedimiento que corresponda», a fin de que su voz pueda escucharse en las Cortes autonómicas.
El escrito «reconoce» el trabajo de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente al respecto, pese a las «posibles discrepancias sobre la mejor fórmula para la vuelta a la normalidad en la gestión del lobo». El departamento que dirige Suárez-Quiñones «apuesta por el aprovechamiento cinegético del lobo porque es sensible a las graves consecuencias que va a tener las suspensión de la caza de la especie y busca procedimientos para su solución en el ámbito de su competencia».
