“Más humanidad y menos salvajismo”

//“Más humanidad y menos salvajismo”

laopinion.es/ Haridian Mederos 

Animalistas y cazadores coinciden en su rechazo al proyecto de decreto del Gobierno canario que permite cazar vacas, cerdos, cabras y burros asilvestrados

“Más humanidad y menos salvajismo”. Ése es el lema que lanzaron ayer las organizaciones animalistas en Canarias en contra del proyecto de decreto del Gobierno regional que permitirá cazar vacas, cerdos, cabras, caballos y burros que viven en condiciones salvajes. El texto, que ha causado un enorme revuelo entre los defensores de los animales, soliviantó también a los cazadores, que se posicionaron en contra de esta “barbarie”, al considerar que esta iniciativa no tiene nada que ver con la actividad cinegética y choca con los objetivos de la legislación de caza en las Islas. Ambos colectivos coinciden en culpar a la administración autonómica de dejación de funciones en el control y supervisión de estas poblaciones, un problema que ha ido en aumento y que se produce en el territorio desde hace décadas.

El proyecto de decreto, elaborado por la Viceconsejería de Medio Ambiente, plantea incluir los animales de producción asilvestrados entre las piezas de caza mayor. El texto, que ha superado ya su fase de exposición pública, alude a los animales “mantenidos, cebados o criados para la producción de alimentos o productos de origen animal” que por cualquier circunstancia han sido abandonados o están perdidos y viven salvajes en el medio natural. El Ejecutivo alega la necesidad de adoptar “medidas drásticas” a fin de conservar el ecosistema.

El coordinador de la Red Canaria Solidaria contra la Crueldad Animal, Abel Román, sostiene que los animales salvajes “merecen un trato digno” y no acabar con ellos “a tiro limpio”. Si bien admite que pueden ser un problema en el monte, aboga por llevar a cabo métodos alternativos como los dardos tranquilizantes y trasladarlos a refugios o, en el caso de las ovejas y cabras, recurrir a pastores que puedan recogerlas con perros e introducirlas en rebaños.

A su juicio, este proyecto es un “escándalo”, pues “se trata al animal como basura orgánica desechable” y acusó al Ejecutivo de no tener “conciencia” del bienestar animal y pretender solucionar el posible daño al ecosistema “estallándoles la cabeza”. “Eso es una salvajada, hay otras medidas más humanas que no produzcan sufrimientos gratuitos a los animales”, apuntó.

Falta de control

“Lo más rápido es pegarles un tiro porque las apañadas implican un coste económico”, reprochó Román, que afeó al Gobierno falta de prevención y control.

En la misma línea se manifestó la presidenta de la Federación Canaria de Asociaciones Protectoras de Animales y Plantas, Adriana Naranjo, que tildó de “despropósito” la propuesta. “Esto sucede por la desidia de la administración que ha facilitado subvenciones a los ganaderos, pero sin medidas de control y hay animales que han acabado tirados por los barrancos y abandonados en el campo, donde se han ido reproduciendo y ahora la situación está desbordada”. Criticó la “falta de reacción” del Ejecutivo, pese a las advertencias.

A Amanda Luis, del Partido Animalista Contra el Maltrato Animal en las Islas, le parece “tremendo que la solución para un problema de sobrepoblación y para mantener un supuesto equilibrio ecológico siempre pase por el asesinato de animales”, a pesar de que Pacma entregó en abril al Gobierno un informe con acciones “no cruentas” para el control de animales salvajes.

Mientras que la plataforma No a la Caza lleva varios años luchando por erradicar esta actividad, al estimar que “no tiene fundamento porque hoy en día no se caza para sobrevivir, sino como un deporte y una diversión a costa del sufrimiento de los animales”, según la coordinadora en Tenerife, María García, que reivindica otras formas “más civilizadas” para solucionar el problema, como capturar a los animales asilvestrados y, “si su reproducción perjudica al ecosistema que se esterilicen como se hace en otros países”.

Muy críticos también con el decreto se mostraron las asociaciones de cazadores. Para el presidente de la Sociedad de Cazadores de Gran Canaria-La Decana, Rodolfo Marrero, lo que pretende el Ejecutivo “es inviable” porque la Ley de Caza de Canarias, de junio de 1998, precisa que su objetivo fundamental es fomentar, proteger, conservar y aprovechar ordenadamente los recursos cinegéticos, “mientras que lo que persigue ahora el Gobierno es erradicar y eso está fuera de contexto respecto a la sostenibilidad que busca el cazador”.

Ve “una barbarie” la propuesta del Gobierno respecto a los animales de producción asilvestrados. “Ha habido un abandono por parte del Ejecutivo durante años y ahora se les ha presentado este problema, pero no lo vamos a solucionar los cazadores, porque bastantes problemas tenemos ya con la caza menor como para involucrarnos en algo que se sale de contexto respecto a la ley que tenemos actualmente”, adujo.

De igual modo, el presidente de la Asociación Canaria de Entidades de Caza, Juan Miguel Sánchez, defendió que la actividad cinegética no tiene nada que ver con lo que plantea el Gobierno y, de hecho, han presentado alegaciones al decreto. La organización, que abarca 1.600 socios y ocho asociaciones, no considera como piezas de caza mayor a los animales de producción asilvestrados y están en contra de que estos se declaren especie cinegética. “Este colectivo no quiere que su actividad se vea involucrada en el control de estos animales mediante la caza”, incidió.

laopinion.es

2017-11-30T14:06:49+00:00 30 noviembre, 2017|Actualidad cinegética|

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