larazon.es/ RODRIGO ORTEGA @rortegaviejo
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El vicepresidente valora positivamente que la Audiencia Nacional haya admitido a trámite el recurso presentado por la Junta de Castilla y León contra el blindaje de Sánchez a esta especie
La Audiencia Nacional admitió este pasado lunes a trámite el recurso plantado por la Junta de Castilla y León contra la orden del Gobierno de España, y más en concreto del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, que dirige Teresa Ribera, de incluir al lobo ibérico en la lista de especies protegidas, impidiendo su caza, también al norte del río Duero, con el perjuicio que ello supone para el medio rural y la actividad en el campo así como para el Medio Ambiente y para el propio animal.
Desde Castilla y León, comunidad afectada donde las haya por este blindaje al lobo, están en pie de guerra, y por ello han valorado positivamente este primer paso de la Justicia en su favor, contra una decisión de proteger a este animal que el Gobierno de Fernández Mañueco considera fuera de lugar. De hecho, Castilla y León es una región eminentemente ganadera, ya que aporta un 51 por ciento del peso de la producción agraria en esta tierra, frente al 36 por ciento que supone en el resto de España. O lo que es lo mismo: quince puntos más, y eso sin contar su importancia económica, ya que la ganadería también es fundamental para el asentamiento de la población en el mundo rural.
El también portavoz de la Junta y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, defiende con vehemencia a la Justicia que, en su opinión, “es una garantía para todos”, independientemente de lo que se decida al final sobre este y cualquier otro asunto que se dirima.
El recurso que se presentó se consensuó con los representantes de Asturias, Cantabria y Galicia, solicitará además medidas cautelares que paralicen la aplicación por los daños que causará en dichos territorios.
En cuanto a la admisión a trámite de este recurso de la Junta, cabe señalar que, además, la Audiencia Nacional también reclama al Ministerio el envío de todo el expediente administrativo de elaboración de la citada orden, lo que permitirá a los Servicios Jurídicos de la Junta, una vez se entregue, formalizar su demanda.
Los servicios jurídicos de la Junta apuntan que con este recurso están intentando evitar que se perjudique la situación de los ganaderos, “que son la verdadera víctima de la decisión tomada por la ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ante un régimen excesivo de sobreprotección del lobo”.
