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El Ministerio de Derechos Sociales, que como no tiene mucho que hacer mata moscas con el rabo, pretende crear un registro público de mascotas para, a partir de esta solemne mamarrachada, permitir que las asociaciones animalistas puedan identificar a los cazadores, con sus datos personales, lo que supone que en el afán del Gobierno de garantizar los derechos de los animales se vulnere el derecho a la protección de datos personales de los ciudadanos.
El Gobierno ha sacado ya a consulta pública el Real Decreto para la identificación de animales de compañía que en un extremo permitiría, a través de los perros de caza, tener un listado detallado con los datos estrictamente personales de personas que se dedican a la caza, colocándolos de esta forma en el punto de mira de las asociaciones contrarias a esta actividad cinegética. O sea, el cazador cazado, pues se les obligará a la hora de inscribir a sus perros a incorporar el nombre completo, NIF, dirección, correo electrónico y teléfono de la persona titular.
Se deberá recoger el código de identificación del animal, el número de reidentificación, la localización del medio de identificación o el número de colegiado y provincia del veterinario habilitado que realiza la identificación, entre otras cosas, pero, además -y he aquí el problema- deberá procederse a la identificación completa y exhaustiva de su dueño.
