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El presidente de la Real Federación Española de Caza (RFEC), Josep Escandell, ha tachado de “chantaje” en una entrevista con Europa Press que el Gobierno vaya a retirar los 20 de millones de indemnizaciones a ganaderos por daños del lobo en la cabaña ganadera y los vaya a dedicar a otros proyectos en las comunidades autónomas (CCAA) ‘loberas’.
“Parece que suene a chantaje. Ya que vais a intentar controlar el lobo os voy a retirar las pocas ayudas que encima no van a afectar a las CCAA sino que van a afectar a los propios ganaderos que son los principales perjudicados de la situación”, ha criticado.
A su juicio, cualquier política de intervención en el territorio que los agentes que están en él “se impliquen y sean partícipes”. En este sentido, recuerda precedentes como los proyectos para recuperar al lince ibérico y al oso, “que han sido exitosos porque la población se ha sentido identificada y ha respaldado las políticas”.
Por otro lado, ha apuntado a que la organización no ha sido partícipe de los resultados del censo del lobo “a menos de un mes” de que se tengan que entregar. “No sabemos exactamente qué se va a comunicar y nos preocupa”, ha recalcado Escandell.
A su juicio, se trata de una cuestión trascendental, porque comunicar un estado desfavorable de unas poblaciones que los propios datos oficiales han dicho que han aumentado un 12% supondría que “no se pudieran aplicar las medidas de flexibilización validadas por Europa y reivindicadas por todo el sector primario y las comunidades autónomas (CCAA)”.
En este sentido, ha manifestado que están pendientes de los informes sexenales sobre la aplicación de la Directiva Hábitats y la Directiva Aves que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) debe enviar a la Unión Europea (UE) antes de que se acabe julio.
Aunque apunta que el sector cinegético no es el “principal agente perjudicado” por el lobo, ya que en España “no hay un interés cinegético” por cazar a la especie, ha recalcado su “compromiso firme” con el sector primario y sus reivindicaciones.
Por ello, ha defendido un “equilibrio” en la gestión del cánido que, a su juicio, supondría tener las herramientas que permitan gestionar las poblaciones de lobos y no una “traba legal” que impida cualquier acción que suponga controlar especies. Además, ha insistido en que está “totalmente de acuerdo” con los planes de control de la especie elaboradores por las autonomías.
Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) señalaron que el Gobierno seguirá poniendo encima de la mesa los 20 millones de euros que destinaba a ayudas por daño del lobo, pero no en calidad de indemnizaciones a ganaderos. ASAJA señaló a Europa Press que el Ministerio los dedicará a proyectos de la Fundación Biodiversidad en las CCAA ‘loberas’.
Además, se ha referido a la interposición por parte del Defensor del Pueblo de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley que contempla la debaja de la protección especial al lobo y lo ha calificado como “un poco inapropiado”. Desde su punto de vista, este recurso, que busca “proteger el derecho fundamental al medioambiente, colisiona con otros derechos fundamentales” como el derecho al trabajo del sector ganadero, el derecho a una justicia “igual para todos” o el derecho a la libre empresa.
“Parece que esté velando más por el lobo que por la propia ciudadanía, que viene reclamando, sobre todo desde el sector agrícola, que se flexibilice la situación para proteger un poco el ganado”, ha lamentado.
LA URRACA, EN PLENA EXPANSIÓN
El presidente de la RFEC también se ha referido a los informes sexenales sobre aves que MITECO tiene que enviar a Bruselas antes de final de mes. “En el anterior período se comunicó que la caza es una amenaza para la urraca común, una especie en clara expansión y que se caza principalmente por daños a la agricultura o a la fauna”, ha señalado.
La organización remitió el 12 de junio tanto a Transición Ecológica como a todas las direcciones generales autonómicas responsables de los informes de aves un documento en el que critica que en el ciclo de informes anterior (2013-2018) España informara sobre la caza como presión o amenaza en 137 ocasiones y para 54 especies diferentes (entre ellas, la urraca).
A su juicio, esto “representa un número extremadamente alto de notificaciones en comparación con el resto de los Estados Miembros, (sólo Croacia comunicó más veces). Notificar la caza como amenaza señala infundadamente al sector cinegético y supone un perjuicio para la imagen social de la actividad cinegética, contraviniendo las directrices de impulso en la percepción positiva recogidas en la Estrategia Nacional Cinegética”.
En el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, la RFEC ha incidido en que en este nuevo ciclo no debería reportarse la caza como presión o amenaza para las especies silvestres en el caso de especies no cinegéticas sobre las que la caza ordenada no tiene incidencia “siempre y cuando no pueda señalarse de manera inequívoca que el factor de amenaza es el furtivismo”.
A su vez, considera que tampoco debería reportarse la caza como presión o amenaza en aquellas especies cinegéticas que demuestren estados de conservación estables o tendentes al crecimiento, como en el caso de la torcaz o el ánade real, pues queda acreditado que su sostenibilidad puede garantizarse en coexistencia con el desarrollo de la caza ordenada.
La RFEC envió este documento tras una reunión técnica en la que trasladó a MITECO estas cuestiones. Escandell ha añadido que desde el Ministerio les han trasladado que han recibido el informe correctamente y que lo tendrían en cuenta, aunque no saben si finalmente ha sido así.
