.eldebate.com/ Josep Escandell
Foto- Real Federación Española de Caza
El uso de la fuerza se convierte en autolesión cuando no encuentra oposición. Eso es, precisamente, lo que le está ocurriendo al representante del Gobierno español en el Comité REACH.
Su estrategia comenzó a resquebrajarse cuando el sector cinegético evitó la confrontación ideológica y optó por una posición pragmática y conciliadora, centrada en garantizar la compatibilidad entre la caza y la conservación del medio natural. Desde entonces, su postura ha derivado en una sobreactuación difícil de justificar en términos técnicos, pero comprensible desde una lógica política.
Durante meses, el debate europeo sobre la prohibición del plomo ha evolucionado de forma notable. Lo que empezó como un proceso acelerado, con plazos de apenas 18 meses, se ha ido modulando en sucesivos borradores: ampliación de los periodos de transición hasta cinco años, exclusión de la munición metálica en la caza mayor y reconocimiento implícito de las dificultades técnicas y económicas de aplicar el reglamento.
Europa duda. Y cuando Europa duda, negocia. Todos los Estados miembros han aprovechado ese margen para adaptar la propuesta a su realidad. Todos menos España.
El representante español del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha mantenido una posición rígida e inamovible, apostando por una prohibición inmediata. Una respuesta simple para un problema complejo. Ignorando no solo al sector cinegético, sino también a armeros, industriales y agricultores. Ignorando incluso a la otra mitad del Gobierno, que, a través del Ministerio de Agricultura, ha defendido una transición compatible con las necesidades del campo.
Los informes oficiales del Gobierno señalaban el uso de munición de plomo como amenaza potencial para 22 especies, mientras que actividades como el turismo o el ocio al aire libre afectaban a más de 100
No se trata de rechazar el cambio. Se trata de proporcionalidad. De ajustar la urgencia de la medida al impacto real que puede generar.
Para entender la escasa urgencia, basta recordar que los informes oficiales del propio Gobierno sobre el estado de conservación de las aves (2013-2018) señalaban el uso de munición de plomo como amenaza potencial para 22 especies, mientras que actividades como el turismo o el ocio al aire libre afectaban a más de 100.
Para entender el impacto, los datos son aún más claros: estudios europeos indican que una prohibición abrupta provocaría que un 25 % de los cazadores abandonara la actividad y otro 30 % la redujera significativamente. A ello se suma un parque de cerca de 500.000 escopetas potencialmente incompatibles con alternativas como el acero. Un escenario especialmente preocupante si se tiene en cuenta que la presión cinegética actual apenas logra contener el 20 % de la población de jabalí, cuando en contextos como la peste porcina africana sería necesario alcanzar el 66 %.
No es un problema de objetivos. Es un problema de método.
Durante toda la tramitación en REACH, el representante español se ha alineado con las posiciones más restrictivas, desoyendo las observaciones técnicas del sector y sin atender sus reiteradas solicitudes de diálogo. Una actitud que roza la falta de empatía cuando lo que está en juego es, entre otras cosas, la seguridad de los propios cazadores, ante alternativas como el acero que presentan riesgos de rebote inasumibles en el modelo de caza español.
Cuestiones tan serias como el equilibrio ambiental o la economía exigen más ciencia y acuerdos, y menos decisiones dictadas por impulsos ideológicos
Agotada buena parte de la negociación en clave política, el sector reclama ahora algo básico: un plan.
Preocupa la ausencia de calendario. Preocupa la falta de alternativas validadas. Preocupa la gestión de los stocks. Preocupa la improvisación en cuestiones esenciales como el abastecimiento de materiales. Y preocupa, especialmente, qué medidas adoptará el Gobierno para garantizar la continuidad y eficacia de un colectivo al que todos apelan cuando se trata de controlar poblaciones o afrontar crisis sanitarias como la peste porcina africana.
Se prohíbe primero. Se piensa después. Y eso, en un país como España, tiene consecuencias. Porque aquí la caza no es prescindible. Es equilibrio ambiental. Y es economía.
Y cuestiones tan serias como el equilibrio ambiental o la economía exigen más ciencia y acuerdos, y menos decisiones dictadas por impulsos ideológicos.
- Josep Escandell es presidente de la Real Federación Española de Caza
