Castilla y León insiste en la caza del lobo pese a la sentencia del Constitucional

arriedo, en su comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, ha señalado que la normativa fue “aprobada de forma casi unánime” por todos los Grupos y sin votos en contra. Asimismo, el portavoz ha indicado que la gestión del lobo es competencia del Gobierno central a la vez que les ha acusado de “romper el equilibrio” entre la actividad ganadera extensiva y la conservación del propio animal.

Ante la falta de esa “estabilidad”, Carriedo ha pedido “responsabilidad” al Gobierno comenzando por la compensación de daños por los ataques a la reses. El representante de la Junta ha reiterado el reconocimiento de las competencias al Ejecutivo central aunque ha considerado que la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), con la consiguiente prohibición total al norte del Duero, va ·“contra el interés general” del mundo rural.

Es por eso que el portavoz ha reclamado que se escuche a todas las comunidades -Asturias, Galicia, Cantabria y la propia Castilla y León- que durante años han llevado la gestión del lobo, quienes también están dando la batalla en los tribunales contra la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Carriedo también ha criticado que se pongan las mismas condiciones a todas las autonomías, aunque en ellas no exista poblaciones del cánido, y ha abogado por volver al modelo anterior de conservación en la que se permitían cupos de caza.