elconfidencial.com/ Jorge Francés. Valladolid
Foto- EFE/Eliseo Trigo
El Tribunal Constitucional se basa en la orden ministerial que declara al lobo especie protegida y que ha sido impugnada ante la Audiencia Nacional por varias autonomías
El presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo, considera que “es lamentable que el Gobierno y los tribunales hagan que el lobo se extienda y que con su superpoblación se eche al sector ganadero de Castilla y León. Están perjudicando muy gravemente los intereses del sector ganadero de Castilla y León y del conjunto de España”.
Es el último capítulo en la batalla judicial por el control de la población de lobos en Castilla y León. El Tribunal Constitucional anula varios apartados de la Ley de Caza de la comunidad autónoma que buscaban blindar la caza del lobo al norte del Duero. A través de un comunicado, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León matiza que el TC no ha declarado la Ley de Caza inconstitucional, “sino unas menciones que en esa ley se hacen al lobo como especie cazable”. El Gobierno de Pedro Sánchez gana esta batalla al Ejecutivo autonómico de Alfonso Fernández Mañueco, a la espera de que la Audiencia Nacional decida sobre la impugnación a la orden ministerial que protege al lobo presentada por varias autonomías. La decisión judicial vuelve a poner en pie de guerra al sector ganadero mientras las organizaciones proteccionistas se felicitan por la sentencia. Desde la Asociación para la Conservación y el Estudio del Lobo Ibérico (Ascel), su portavoz, Ignacio Martínez, asegura que es “el principio del fin del vía crucis del lobo”.
Para el Tribunal Constitucional, la ley de Castilla y León, a pesar de ser previa, entra en contradicción normativa con la orden nacional y, por tanto, invade las competencias estatales sobre medio ambiente. La asociación Ascel, que se encuentra entre los colectivos promotores de la inclusión de la especie en el Lespre, considera que “la muerte en Castilla y León no puede sobreponerse a la vida en España. Lo que sucedió aquí es la rareza de que la orden vino después de la ley”. Sin embargo, Martínez explica que el Gobierno solicitó a la Junta que adecuara su ley a la nueva situación en un “proceso infructuoso” que obligó a acudir a los tribunales. “En algunas comunidades como Castilla y León, por un lado, se decía que el lobo era una singularidad y que se tenía que proteger y, por el otro lado, en una hipocresía que ahora finaliza, se mantenía que se le podía matar”.
Lobos vs. ganaderos
El choque principal sobre cómo gestionar la población de lobos está en la convivencia de la especie con la ganadería. Donaciano Dujo recuerda que “el lobo no está en peligro de extinción, cada vez hay más lobos, cada vez hay más ataques. En algunas zonas es ya inviable que las explotaciones ganaderas estén, por la masiva presencia de lobos y sus ataques. En definitiva, el Gobierno está protegiendo al lobo y haciendo que este mate la especie ganadera que hay al norte del Duero”.
Esa protección de la ganadería y de la economía rural es el argumento que más repite la Junta de Castilla y León en su lucha por que la especie se pueda controlar, que quedó prohibida tanto por caza como por control con la entrada en vigor de la orden ministerial. En este sentido, en el comunicado para valorar la sentencia remarca que la inclusión del lobo en el Lespre supuso “una acción dañina para Castilla y León, para su ganadería y para la pervivencia de nuestro medio rural. Una acción frente a la que la Junta de Castilla y León ha batallado y batallará, estando actualmente la orden ministerial recurrida por la Junta [y por otras comunidades autónomas y entidades] ante la Audiencia Nacional”.
