libertaddigital.com/ Marta Arce
Foto- Comunidad de Madrid
Los ecologistas exigen al Ejecutivo que ignore el dictamen de las regiones y envíe a Bruselas su propio informe contrario al control poblacional.
El Ministerio para la Transición Ecológica sufrió este lunes un importante revés en la guerra abierta por la gestión del lobo. Todas las Comunidades Autónomas salvo Cataluña respaldaron un informe que concluye que la especie se encuentra en un estado de conservación favorable en buena parte de España y que, por tanto, puede someterse a controles poblacionales. Horas después, las principales organizaciones ecologistas reclamaron al Gobierno que ignore esa votación y envíe a Bruselas su propio informe, que sostiene justo lo contrario.
La votación celebrada este lunes en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente deja al departamento de Sara Aagesen prácticamente aislado. El documento impulsado por Galicia recibió el apoyo de todas las autonomías excepto Cataluña, mientras País Vasco y Castilla-La Mancha optaron por abstenerse.
Lo que está en juego es si España puede volver a controlar las poblaciones de lobo allí donde su expansión provoca graves daños a la ganadería. El informe respaldado por las Comunidades concluye que la especie presenta un estado de conservación favorable en las Regiones Atlántica y Mediterránea, una condición que permitiría aplicar medidas de control previstas en la normativa europea.
Frente a esta tesis, el Ministerio mantiene que el lobo sigue en una situación desfavorable en el conjunto del país y que no debe cazarse. Su argumento se basa en que España cuenta con 333 manadas, por debajo de las 500 que la Comisión Europea utiliza como referencia para considerar favorable el estado de conservación de la especie.
La disputa llega además con un importante retraso acumulado. España debía haber remitido a Bruselas el informe sexenal sobre el estado del lobo antes de finalizar 2025, pero el documento sigue sin enviarse. La demora ya ha provocado la apertura de un expediente de infracción por parte de la Comisión Europea.
Mientras las regiones reclaman que el Gobierno remita de inmediato a Bruselas el documento aprobado este lunes, WWF y Ecologistas en Acción han pedido a Transición Ecológica que ignore la votación. Ambas organizaciones sostienen que los criterios políticos se han impuesto a las conclusiones científicas y defienden que el Ministerio envíe a la Comisión Europea el informe elaborado por sus propios técnicos.
Los ecologistas incluso han advertido de que estudian posibles acciones legales si el Ejecutivo acaba asumiendo las conclusiones respaldadas por las Comunidades Autónomas. Su objetivo es que sea Bruselas quien decida cuál de los dos informes refleja realmente la situación del lobo en España.
La presión para flexibilizar la protección de la especie es especialmente intensa en regiones con una elevada presencia del cánido. Sólo en Castilla y León se registraron durante 2025 un total de 4.474 ataques a explotaciones ganaderas, con más de 6.200 animales muertos y unas indemnizaciones superiores a los cuatro millones de euros.
