Sobre la alegación de que la ley haya sido hecha para solventar una casuística concreta, —lo que se conoce como «ley singular»—, manifestada por el Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional también lo rechaza ya que no es una ley autoaplicativa, ya que regula con carácter general y abstracto la actividad cinegética, y exige la realización de actividades administrativas posteriores, como la aprobación de un plan cinegético por coto, expedir las licencias de caza, fijar los horarios de caza o limitar el uso de la munición, totalmente controlables por los juzgados y tribunales si no se ejercen adecuadamente.

Tampoco es una ley de destinatario único, ya que sus previsiones van dirigidas a una pluralidad indeterminada de sujetos, cazadores y administraciones competentes, y no se trata de una ley para un supuesto de hecho concreto, ya que se hizo con vocación de permanencia y sus previsiones se proyectan para regular el futuro.

Para la Consejería de Fomento y Medio Ambiente las sentencias tienen una singular trascendencia dado que «esta actividad siempre que se desarrolle de forma legal, responsable y segura, es determinante para la conservación del patrimonio natural».

Considera que no sólo favorece la protección de los ecosistemas, garantizando el equilibrio entre depredadores y presas, sino que evita importantes daños a la fauna protegida, especialmente a la más débil, a la seguridad vial, a las economías de los titulares cinegéticos, al empleo, a la agricultura, a la sanidad animal y sector ganadero, o a la salud de las personas.

En Castilla y León practican esta actividad más de 125.000 cazadores y lo realizan sobre unos 5.500 cotos privados.