gaceta.es/ PEDRO FERNÁNDEZ BARBADILLO
Foto- Europa Press
Un ciudadano británico trata de sacar dinero de un cajero automático. Introduce la tarjeta y teclea los números de la clave, pero la máquina se niega a entregarle su dinero y en la pantalla sólo aparece un mensaje que dice que el servicio está cancelado. Le podía haber ocurrido al pagar en un restaurante, un supermercado o una gasolinera.
El súbdito del rey Carlos III se pregunta qué ha ocurrido. No tiene deudas, Hacienda no le ha comunicado un embargo, tampoco tiene multas pendientes y esa misma semana su empresa le ingresó la nómina, por lo que debe de haber saldo en la cuenta. ¿Se trata de un error? No. La empresa de pagos móviles SumUP ha incluido a los cazadores y a las empresas relacionadas con la caza en su lista negra de clientes cancelados, junto con los servicios de prostitución y los adivinos.
En el Reino Unido puedes ser un ciudadano cumplidor de la ley, que abona sus impuestos y no ha dejado una deuda sin pagar, pero si un banco considera que no eres una persona inclusiva, respetuosa de la diversidad LGTB, comprometida contra la emergencia climática, cuidadosa con los pronombres personales y votante de los partidos correctos, te puede negar sus servicios.
Antes el sector financiero buscaba clientes responsables y serios, ahora los busca políticamente correctos. Y después de expulsar al político Nigel Farage, a cristianos consecuentes con su fe y a padres opuestos al cierre de escuelas, como ya hemos contado, el turno le ha llegado a los cazadores y, después, como ya ha conjeturado un columnista del Telegraph, quizás sean los agricultores. Porque los «guerreros del bien» de las ciudades consideran que el campo debería estar poblado por esos animales tan simpáticos que salen en las películas de dibujos animados y no por unos brutos que los cazan o los crían para comérselos.
Pero quizás en Gran Bretaña les cueste más a los ricos progres aplicar su apartheid. El ministro de Hacienda, Jeremy Hunt, ha declarado que el acceso a los servicios bancarios es un derecho fundamental en una sociedad en la que sin cuenta bancaria se es un bicho raro. Añadió que privar a una persona de sus cuentas por sus opiniones políticas supone una vulneración de la libertad de expresión. El conservador Hunt ha subrayado que la legislación financiera prohíbe a los bancos tomar estas medidas y los castiga con multas; y por ello ha instado a la Autoridad de Conducta Financiera para que investigue los casos de desbancarización. Estaremos pendientes de lo que ocurra.
En España, algunos progres siguen clamando por la separación entre el Estado y la Iglesia, en un país donde los obispos católicos no han ganado ni una sola batalla legal o cultural desde hace 40 años. Sin embargo, debería preocuparnos a todos conseguir la separación del wokismo no sólo del Estado, sino también de las empresas. Porque serán éstas las que, invocando sus sacrosantos derechos a admitir clientes «éticos» según los haya definido su consejo de administración, harán el trabajo de condenar a una cueva a los disidentes. Y encima tendremos a la extrema izquierda, la que quiere controlar el lenguaje y los alquileres, aplaudiendo el capitalismo moralista.